viernes, 27 de noviembre de 2009

Manifiesto por el derecho a la vida y el derecho a existir

Históricamente las comunidades mapuche han luchado por la recuperación de sus tierras usurpadas, las páginas de los libros de historia ilustran desde la mirada genocida primero, la “Conquista” a fuerza de espada y aniquilamiento, luego se consigna la llamada “Pacificación de la Araucanía” y hoy tenemos el “Nuevo Trato”.
El Estado chileno en la actualidad, lleva a cabo una guerra de baja intensidad contra los mapuche, militarizando el territorio con incursiones violentas a las comunidades, que dejan un saldo de heridos, torturados y prisioneros políticos. A través del poder judicial se han violentado todos los derechos al debido proceso, imputando a los prisioneros a un doble procesamiento por el mismo delito, tanto en la justicia civil como militar, aplicando en todos los casos, la deleznable Ley Antiterrorista, que sustenta sus pruebas con testigos protegidos y mantiene en cautiverio a los prisioneros como mínimo 9 meses solo para investigar si son inocentes de los delitos por los que se les acusa.
Convencidos que la solidaridad de los pueblos se hace práctica en momentos difíciles de lucha, hacemos un llamado a las organizaciones y gremios de trabajadores, organismos de derechos humanos y a la sociedad civil en su conjunto, tanto a nivel nacional como internacional, a todos quienes quieran adherir a la denuncia pública de sucesos siniestros que ocurren a diario en territorio mapuche.
Como es de conocimiento público, las comunidades en proceso de recuperación de tierras ancestrales, están siendo hostigadas por carabineros, civiles armados y la Policía De Investigaciones, en forma permanente.
El llamado es urgente, para hoy y no mañana,
PAREMOS LA REPRESIÓN CONTRA EL PUEBLO MAPUCHE.
POR LA VIDA Y EL DERECHO A EXISTIR
COOAMS
Coordinación de Organizaciones Autónomas Mapuche de Santiago

lunes, 2 de noviembre de 2009

Las fotos de la Patty




¡Cerro Navia dice: Presente!

Pese al alcalde y a los concejales, se constituyó la coordinación de dirigentes de comités de allegados y sin casa de la popular comuna de Cerro Navia (Región Metropolitana)de Andha Chile Sindicato, con el propósito de orientar localmente su que hacer hacia el cambio de la Política Habitacional, la principal viga de la red de protección social del Estado de Chile, según Velasco y Cia.
El problema principal de nuestros asociados es que, al poniente de la población "Las Viñitas" se encuentra el sector industrial ENEA, éste es un gigantesco Parque de Negocios en donde se integran industrias, oficinas, proyectos habitacionales, que abarcan una superficie de más de 1.000 hectáreas.
ENEA es de propiedad en un 55%de ENERSIS y en un 45% de la familia Guzmán Nieto, dueña del antiguo latifundio de “Lo Prado”. Los propietarios de este Parque de Negocios señalaban el año 2000 que se proyectaba un fuerte crecimiento inmobiliario en el sector que podría durar 25 años. En ENEA existen a la fecha más de 60 empresas y cerca de 10 mil residentes. Hoy, casi 10 años después de su inauguración, se desarrolla un proyecto inmobiliario en este Parque de Negocios, el que involucra a las comunas de Cerro Navia y Pudahuel. Este proyecto busca convertir la zona en un polo de desarrollo industrial, comercial e inmobiliario. Aprovechando la cercanía existente con el Aeropuerto, buscan convertirla en una ciudad aeroportuaria.
Por supuesto, al margen de los intereses, necesidades y derechos del Pueblo Trabajador de Cerro Navia.
ANDHA, TOMA TU SITIO CON ANDHA CHILE.

¿Qué pasa en Chillán?

Con el propósito de conocer de cerca la difícil
situación que están viviendo las familias trabajadoras
deudoras hipotecarias de Chillán, Monseñor Carlos
Pellegrin Barrera efectuó una visita a familias que
están atravesando por esta dolorosa situación en la
Villa Monterrico, barrio emplazado en el sector oriente
de Chillán (Prov. Ñuble VIII región), donde habitan
más de 300 familias, la gran mayoría en situación de
morosidad en el pago de sus viviendas, varias de las
cuales están expuestas a inminentes notificaciones de
remate y desalojo por parte de la autoridad política.